Caso Fundación Comprometidos: postergan preparación de juicio oral hasta marzo de 2027
El Juzgado de Garantía de Copiapó postergó hasta el próximo 1 de marzo de 2027 la audiencia de preparación del juicio oral en la causa penal conocida como “Fundación Comprometidos”, investigación que lleva adelante la Fiscalía de Atacama por presuntos hechos de corrupción registrados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.
La audiencia estaba programada para este lunes, pero el tribunal resolvió fijar una nueva fecha luego de que las defensas de algunos de los acusados solicitaran el sobreseimiento definitivo de sus representados. Estas peticiones deben ser resueltas antes de que comience la preparación del juicio oral, instancia en la que el Ministerio Público expondrá los medios de prueba que sustentan su acusación.
En concreto, los abogados de Hugo Landauro, Juan Torres, Gladys Cortés y Ángel González presentaron sus argumentos para solicitar el término definitivo de las causas contra sus defendidos. La Unidad Anticorrupción y de Litigación Estratégica de la Fiscalía de Atacama se opuso a estas solicitudes, exponiendo antecedentes relativos a la participación individual de los imputados en los hechos investigados.
El tribunal fijó para este miércoles la audiencia en que dará a conocer su resolución respecto de los sobreseimientos. Para esa misma jornada también quedó programado el juicio abreviado del acusado David Blanco.
La investigación y los delitos imputados
La Fiscalía de Atacama presentó acusación contra diez imputados, luego de una investigación desarrollada junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.
La indagatoria fue dirigida por la Unidad Anticorrupción y de Litigación Estratégica y apunta a la participación de funcionarios públicos de los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama, además de particulares vinculados a la Fundación Comprometidos.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados habrían participado en distintos grados en delitos de fraude al fisco, lavado de activos, soborno, administración desleal y cohecho agravado.
El fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, sostuvo que la investigación permitió reunir antecedentes para establecer la participación individual de los imputados y sustentar la acusación presentada ante el tribunal.
Según explicó, los hechos estarían vinculados a la supuesta ejecución de programas de esterilización de mascotas en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, además de proyectos de entrega de agua potable en campamentos de Copiapó.
Las iniciativas recibieron recursos estatales para su implementación, pero, de acuerdo con la investigación, los fondos no habrían sido destinados a los objetivos para los que fueron adjudicados. La Fiscalía estimó un perjuicio fiscal del orden de los $600 millones.
En cuanto a las sanciones, Shertzer indicó que el Ministerio Público solicitó penas efectivas de cárcel para los acusados, atendida la gravedad de los delitos atribuidos y la afectación a los recursos del Estado.
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